Reflexiones sobre desobediencia civil en México

Reflexiones sobre desobediencia civil en México

Víctor Daniel García García (sociólogo)

g2vick@yahoo.com

El debate sobre desobediencia civil

La sociedad mexicana actual ha transitado por un conjunto de transformaciones y cambios paradigmáticos y relevantes, los cuales, por ende, han transformado sus visiones, perspectivas y anhelos. En la actualidad, encontramos una paradoja bastante significativa, que es sumamente riesgosa para la cohesión social y para la misma sociedad. Esta paradoja descansa en que la población actual, no obstante que está más preparada académicamente y bastante bien informada de los asuntos públicos-políticos, no participa en cuestiones de índole político. Esto se debe, principalmente, a que no se ven identificados con los referentes colectivos actuales (ya sean las instituciones políticas, la familia, los partidos políticos, las clases sociales, entre otros), los cuales se muestran viejos, anquilosados, ineficaces, pragmáticos y obsoletos.

Por lo mismo, se ha recurrido a los grupos, redes o movimientos de civiles, que se auto-organizan y enarbolan un fin común y especifico, que reivindican un conjunto de prácticas políticas que se encuentran alejadas de las lógicas paternalistas, verticales e instrumentales, características de los referentes colectivos de antaño. Entre las prácticas más utilizadas por estos movimientos civiles auto-organizados, y sobre la cual se reflexiona aquí, se encuentra la desobediencia civil como mecanismo democrático, legal y legitimo que intenta revertir disposiciones legales excluyentes e inmorales.

En este texto recuperaré las argumentaciones de los teóricos que abordan el tema, para establecer qué se entiende por desobediencia civil, cómo y por qué representa una de las prácticas reivindicadas más utilizadas por los movimientos de la sociedad civil (sc) y, lo más relevante, cómo modifica y re-estructura la idea y noción de democracia.

Para Ariel Colombo (1999), la desobediencia civil refleja el punto máximo de cultura política que puede experimentar una sociedad; esta alta politización de la sociedad genera y promueve que se estructuren o, mejor dicho, se re-estructuren los marcos normativos que rigen una sociedad; es decir, el Estado de derecho, en aras de incluir y generar beneficios para quienes no estaban contemplados, en un inicio, dentro de dicho marco.

Colombo (1999) argumenta que, para que una norma sea aceptada como válida por un conjunto de individuos, debe de haber pasado por una acción comunicativa que sirva para plantear pretensiones de validez, que están basadas en presupuestos de diálogo y consenso, y en una acción estratégica que permite a los interlocutores anticipar los argumentos y reacciones que dicha norma les ocasionará. La práctica socio-política que considera ambas herramientas se expresa con mayor énfasis en la desobediencia civil.

Ahora bien, la propuesta de Colombo puede problematizarse con la de K. O. Apel  (en Colombo, 1999), debido a que este último ve, en los procedimientos institucionalizados de democracia la posibilidad de resolución pacífica de conflictos con base en la comunicación orientada al entendimiento y al consenso racionalmente motivado. Éste es el principio de universalización de una norma, dicho principio limita los intereses estratégicos de presupuestos ideales, ya que éstos sólo podrán realizarse aproximativamente. Por lo mismo, las democracias, para Apel (en Colombo, 1999), admiten su propia imperfección a la idea regulativa de acción y, por tanto, abren un espacio de crítica e, incluso, de desobediencia civil, en el sentido de la defensa de la legitimidad frente a la legalidad.[1]

En otro orden de ideas, para Habermas (1998), al igual que para Colombo (1999), la desobediencia civil expresa acciones de una ciudadanía con una cultura política madura que encuentra contradicciones en la forma de gobierno democrático, por lo mismo busca corregirlas mediante cierta resistencia; sin embargo, en comparación con Colombo, el teórico alemán menciona que son acciones que podríamos llamar de “resistencia no violenta” (Habermas, 1998: p. 54). Para Habermas, la desobediencia civil es un acto ilegal, ya que la resistencia que expresa no se limita a agotar institucionalmente todas las acciones de revisión de una norma, sino que la protesta lleva implícitas acciones que están fuera del orden de la legalidad.[2]

El filosofo John Rawls (en Habermas, 1998) arguye que la desobediencia civil es un acto no violento y legítimo, que busca influir en las acciones de algún gobierno en específico o en las políticas que éste lleva a cabo. Siguiendo una postura conservadora, Rawls (en Haberlas, 1998) menciona que son indispensables ciertas condiciones para que la desobediencia civil esté justificada.[3]

Por lo tanto, en contra de otras posturas sobre la desobediencia civil, Colombo (1999) define que es una autorización de incumplimiento y rechazo frente a disposiciones excluyentes y no puede aparecer como instrumento ilegítimo, ya que se basa en los mismos requisitos de la soberanía popular (participación directa, deliberación pública, asambleas periódicas, legislación por consenso, designación de representantes revocables); por ello, para este autor, las democracias tendrían que registrar las acciones de desobediencia civil en términos de mecanismos institucionales que restablecen la discusión de decisiones políticamente incorrectas (Colombo, 1999).

Ante la incapacidad de las democracias representativas de modificar las normas excluyentes, Colombo propone la democracia directa, ya que ésta promueve la politización de los problemas y evita que se acumulen conflictos pendientes de resolución, lo que haría innecesaria a la desobediencia civil por medio de la propuesta de espacios deliberativos, consultas refrendarías e iniciativas populares referidas al principio de aceptación de una norma.[4]

Las argumentaciones presentadas con anterioridad encuentran su punto en común en el principio de éticidad -y en cierto sentido la argumentación de Colombo es la que más alude a éste-, ya que las manifestaciones de desobediencia civil son acciones que expresan el rechazo fehaciente a una situación específica de injusticia e inmoralidad; es decir, las acciones impunes, irracionales, excluyentes e ilegales que comete Estado. En la argumentación respecto a este tema, se evidencia que las acciones de desobediencia civil apelan a la negación del ser humano entendido como súbdito, como simple instrumento, no así a las acciones de solidaridad, enaltecimiento del ser humano y solidaridad.

Una vez que hemos recorrido unas cuantas definiciones con respecto a la desobediencia civil, se evidencia que esta forma de expresión y organización socio-política tiene como objetivo la transformación de decisiones que afectan a las mayorías, de lo anterior se desprende que son acciones políticas que llevan a cabo los movimientos, grupos u organizaciones de la sc que reivindican la libertad, la autonomía, la solidaridad, la tolerancia y el respeto. Éstas son acciones políticas que pretenden rescatar lo político del monopolio estatal donde se encuentra actualmente; son acciones que evidencian la importancia que tienen los “negados” por el sistema. Así, estas acciones se pueden entender como “políticas de los subalternos”, ya que:

revelan también que la cuestión del Estado no es un problema que se dirima sólo entre elites, sino que las clases subalternas participan activamente en su configuración. Muestran, por último, que las ideas y la actividad política de los oprimidos y subalternos no se forman en la proyección de sociedades futuras ni en la adopción de una conciencia llevada desde fuera, sino desde su propia experiencia, politicidad y cultura (Roux, 2002: p. 247)

La desobediencia civil en México

En México, se ha registrado un amplio abanico de eventos y prácticas que bien pueden enmarcarse en la lógica de la desobediencia civil.            En este apartado, quisiera enfocarme y recordar,  muy sucintamente, algunos de los movimientos contemporáneos, que han utilizado, renovado y extendido la práctica de la desobediencia civil como mecanismo social, incluyente, reflexivo y democrático, para intentar modificar decisiones políticas gubernamentales excluyentes que afectan a la colectividad.

Ahora bien, si seguimos lo expuesto en este opúsculo, se puede aceptar que la desobediencia civil se caracteriza por ser una práctica que intenta revertir o modificar disposiciones legales emanadas del sistema de poder, dichas disposiciones perturban la convivencia social, ya que agraden, de diversas formas, el mundo de vida de los grupos sociales; como la económica, la política, la social, la cultural, la ambiental, entre otras.

El siglo xxi inició en México con la huelga de la universidad de mayor prestigio y reconocimiento a nivel Iberoamérica; esta situación se derivó de la intención de las autoridades universitarias de implementar, en la máxima casa de estudios, las políticas neoliberales de exclusión educativa, que habían sido estructuradas por el bm y el fmi. Frente a esta decisión unilateral de las autoridades universitarias, la comunidad estudiantil, académica, investigadora y la sociedad en general se auto-organizan para defender la educación pública y rechazar los dictados de los organismos financieros internacionales, que habían sido aceptados servilmente por las autoridades en turno para privatizar la educación.

Por otro lado, en el pueblo de San Salvador Atenco se presenta una lucha social contra la intención del gobierno federal de “comprar” los terrenos de los ejidatarios para construir un aeropuerto que beneficiaría económicamente a la clase política.

En Oaxaca, en el año 2006, la incapacidad política del gobernador del estado para dar solución a una exigencia magisterial y la represión estatal en contra de profesores y el pueblo en general, derivó en la constitución de la appo, que tendrá un papel relevante e importantísimo, desde su creación hasta la actualidad, en la vida del estado de Oaxaca.

A mediados de 2008, el ejecutivo federal envía al Congreso de la Unión una reforma petrolera, que tiene la intención encubierta de abrir las puertas de la paraestatal PEMEX a empresas privadas. Frente a esta propuesta inmoral, excluyente e ilegal, se estructura el movimiento en defensa del petróleo que se apropió de las calles, generó debates y promuevió la participación de la sociedad para “echar atrás” la propuesta presentada por el ejecutivo federal.

Ahora bien, ¿cuál es el rasgo común o el elemento constante en los movimientos de civiles antes anotados?, ¿qué característica particular podría ser rastreada en estos distintos procesos de acción colectiva? Creo que son varios los elementos comunes o parecidos que se pueden rastrear en los movimientos de civiles más relevantes que se han presentado en la primera década de este siglo; sin embargo, me gustaría destacar que uno de los elementos que es común y funciona como el motor de los movimientos, es el rechazo a una disposición legal, a una política, a un proyecto que emana del gobierno (del sistema de poder) y que afecta a la sociedad civil desde distintas formas. Por estas razones, hay un rechazo a la validez normativa de dicho evento gubernamental que se impone de forma excluyente, irracional y violatoria, frente a los presupuestos previamente aceptados de forma colectiva y consensada.

Así, los distintos actores que se presentan como estratégicos (estudiantes, profesores, ejidatarios, pueblo, ciudadanos) llevan a cabo acciones estructuradas de resistencia fáctica y simbólica que intentan extender y expandir, a través de un enmarcado político. En este sentido, las prácticas y acciones que realizan dichos actores estratégicos expresan el último recurso colectivo a su alcance, por ende son procesos que sobrepasan, por mucho, la simple retórica; son acciones contundentes, racionales, reflexivas y cargadas de una conciencia y cultura política elevada, que tratan de modificar normatividades no democráticas, excluyentes, autocráticas y perjudiciales para las grandes mayorías. Por esto son acciones que posicionan al actor estratégico en cuestión como sujeto colectivo emancipador.

Reflexiones finales

Es común escuchar, en los medios de condicionamiento de masas, que algunos de los movimientos de la sc, que se caracterizan por no secundar las propuestas del sistema de poder, son irracionales, violentos y transgresores de la ley; también es común escuchar incitaciones a rechazar o condenar las posiciones alternas de los movimientos de civiles, sin saber previamente cuál es la esencia, fin y objetivo de la movilización social, y es todavía más común escuchar que se condena a los movimientos que utilizan y reivindican, dentro de sus prácticas, la desobediencia civil, ya que dicho movimiento y su práctica política son tachados de promover la pérdida de la paz, orden y seguridad dentro de una sociedad, y se les tilda, por ende, de ejecutar una práctica mala, incorrecta y utilizada sólo por sujetos violentos, irracionales e irreflexivos.

La revisión teórica que se ha presentado con antelación demuestra todo lo contrario. Primeramente, se buscó establecer qué podemos entender por desobediencia civil, dicha definición permite concebir a esta práctica como una categoría elemental y renovadora del régimen político democrático. En segundo lugar, se puso atención a algunas de las características particulares de la desobediencia civil, que han recuperado ciertos movimientos de civiles durante este siglo en México. Por último, se mencionó que esta práctica debe ser entendida como un proceso colectivo, racional y reflexivo, que es legal y pertinente para mantener, renovar y profundizar los regímenes políticos democráticos.

Es claro que, en México, la clase política en el poder y la económicamente dominante no permiten llevar a sus últimos términos los procesos de desobediencia civil, ya que esto pondría en peligro su posición, sus privilegios y sus prebendas. Por lo mismo, siempre que un movimiento de civiles logra ser un movimiento relevante, en el que varios actores estratégicos son parte importante del mismo y, a la vez, van consiguiendo el reconocimiento de la población civil, se ven enfrentados al descrédito de una parte de la supuesta “opinión pública”, que está compuesta por intelectuales orgánicos y al servicio del sistema, que dan pie y siembran los inicios de una eventual represión irracional e irreflexiva.

Los regímenes democráticos requieren de un conjunto amplio y variado de elementos para sobrevivir y mantenerse; sin embargo, son varios los procesos que limitan y ponen en peligro una eventual consolidación democrática, entre ellos está el expuesto aquí: el rechazo, negación, no aceptación, descrédito y deslegitimación de las prácticas de desobediencia civil que llevan a cabo los movimientos, grupos o asociaciones de civiles, los cuales intentan modificar las relaciones sociopolíticas de dominación, alienación, exclusión e intolerancia que actualmente nos aquejan.

Bibliografía

Habermas, Jurgen. (1998) La desobediencia civil, piedra de toque del estado democrático de derecho” en Ensayos Políticos, Barcelona: Península.

Colombo, Ariel H. (1999). Desobediencia civil y democracia directa, Madrid: Trama-editorial/ Prometeo libros.

Roux, Rhina (2002), “La política de los subalternos”, en Redefinir lo político, Ávalos Tenorio, Gerardo (Coord.), México: uam-x.


[1] Esta postura de Apel (en Colombo, 1999) es rechazada por el argumento de Colombo, ya que este último establece que no puede haber una simple aproximación a los ideales, pues esto significa una auto-confrontación al principio de universalización.

[2] La desobediencia civil para Habermas puede resumirse en tres principios: a) es una propuesta moralmente fundamentada; b) se trata de un acto público que por regla general es anunciado de antemano y cuya ejecución es conocida y calculada; c) incluye un propósito de violación de normas jurídicas concretas, sin poner en cuestión la obediencia frente al ordenamiento jurídico en su conjunto (Habermas, 1998: p. 56).

[3] Dice que específicamente son tres las condiciones necesarias para que la desobediencia civil esté justificada: 1) debe dirigirse contra casos muy concretos de injusticia manifiesta; 2) se deben de agotar las posibilidades de acción legal correspondientes al caso; 3) las acciones llevadas a cabo no pueden alcanzar dimensiones que pongan en peligro el funcionamiento del orden constitucional (Habermas, 1998: p. 57).

[4] Todas estas características reflejan la “esfera pública” que la misma SC genera y profundiza en el momento en que reivindica la transformación de la sociedad y la des-alienación humana.